Si es gratis, nosotros somos el producto 

Fundación Datos Protegidos

 

A PROPÓSITO DE LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN Y SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES


Cuando participamos en las redes sociales, existe una vaga sensación de que el contenido al cual accedemos está dado ahí de manera espontánea —tal vez por su capacidad de difusión (“viral”)—, y que todos/as recibimos la misma información en el mismo tiempo y espacio. Sin embargo, lo que opera tras el funcionamiento de esas plataformas dista mucho de ser tal. Muy por el contrario, las plataformas esconden un entramado de algoritmos y filtros que están determinados por el modelo de negocios imperante en estos tiempos, conocido como la economía de la atención.

La economía de la atención es un concepto acuñado por Herbert Simon en los años setenta, quien señaló que, ante una abundancia de información, aumenta el valor y escasez de nuestra atención. De esta forma, cada vez que entramos a una red social o utilizamos un buscador, existe un modelo de negocios en donde empresas capitalizan nuestra atención, convirtiéndola en un producto comercializable para otras organizaciones que requieren publicitar sus productos.

Esta nueva realidad ha traído significativos impactos en los derechos humanos en el entorno digital, pues si en principio Internet nace y se desarrolla bajo la idea de una gran polis democrática, donde toda la información que circula es gratuita y accesible a todos/as, hoy también queda en evidencia que las plataformas utilizan nuestra atención como activo, utilizando algoritmos orientados a mantenernos cada vez más disponibles y conectados a las redes, para así sustentar un modelo de negocios basado en anuncios publicitarios personalizados.

Dicho de otra forma, si una plataforma o aplicación dice ser gratuita, muy posiblemente nosotros somos el producto, pues nuestros datos personales son las monedas de cambio para las plataformas de cara a sus propios clientes, empresas que buscan ofrecer bienes y servicios aprovechando la visibilidad de estas tribunas virtuales.

Cada vez que entramos a una red social o utilizamos un buscador, existe un modelo de negocios en donde empresas capitalizan nuestra atención, convirtiéndola en un producto comercializable para otras organizaciones que requieren publicitar sus productos. 

 


DERECHOS DIGITALES


Lo anterior tiene consecuencias radicales para la protección de nuestros datos personales, pues la posibilidad de que los titulares ejerzan sus derechos ARCOP —acceso, rectificación, cancelación, oposición, y portabilidad de sus datos—, a fin de entender y tomar decisiones sobre la información que circula, se vuelve cada vez más difícil con algoritmos oscuros operando. Y la situación se complica más aún si consideramos el alto riesgo de perfilamiento que supone actividades de tratamiento de ese tipo. 

Vale considerar el impacto que esto tiene también para la libertad de expresión, pues si estamos ordenados conforme a nuestros gustos, y el funcionamiento mismo de la plataforma nos mantiene en nuestra zona de confort, eso lleva a que seamos presa fácil de fenómenos como el clickbait (ciberanzuelo), fake news (noticias sin verificación) y las denominadas burbujas de información. Si los algoritmos solo nos muestran lo que pensamos, se generan verdaderas cámaras de eco, donde interactuamos solo con personas o medios que piensan como nosotros, lo que puede llevar a una polarización artificial en el debate público y redundar en sesgos de confirmación determinados por nuestras creencias al momento de poder discriminar si una noticia es real o no.

Por todo lo anterior, una de las principales demandas hacia empresas denominadas GAFAM —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft— va en la dirección de exigir la mayor transparencia en el funcionamiento de sus algoritmos, y la auditoría de estos, que la ciudadanía entienda cómo funcionan y, asimismo, tenga la posibilidad de oponerse a aquellas decisiones automatizadas que vulneren en alguna forma sus derechos. Tenemos el derecho a no ser etiquetados.

 

Jessica Matus y Bastián Riveros – Fundación Datos Protegidos

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