Alianzas para la protección

Por Sophie Muller, representante de ACNUR en España

 

Hace tan solo unos días, el Informe Anual de Tendencias Globales, que presentamos cada año desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), nos dejaba un titular escalofriante: el 1 % de la población mundial se encontraba desplazada a finales de 2019. Hablamos de más de 79 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares a causa de la guerra, la persecución o los conflictos. Esta es, además, la cifra de desplazamiento global más alta jamás registrada por ACNUR en sus 70 años de historia.

Permítanme que me detenga en el desglose de las cifras, ya que nos ayuda a comprender mejor la escala y el origen del problema. De todas estas personas, 45,7 millones son desplazadas internas; es decir, aquellas que al huir permanecen dentro de las fronteras de su país y que, en su mayoría, se dirigen a entornos urbanos. Alrededor de 26 millones son personas refugiadas, de las cuales 20,4 millones están bajo el mandato de ACNUR. Finalmente, unos 4,2 millones de personas son solicitantes de asilo.

Al comparar estas cifras con las del año anterior vemos que entre 2018 y 2019, el desplazamiento forzoso se ha incrementado en casi 10 millones de personas. Las crisis humanitarias en lugares como Siria, Venezuela, la República Democrática del Congo o el Sahel explican este dramático aumento.

Por si fuera poco, en 2020 la pandemia del COVID-19 añade aún mayor complejidad a esta situación. Cerca del 80% de los refugiados viven hoy en países vecinos a sus lugares de origen; países muy lejanos a Europa, por lo general, de renta media y baja, y con sistemas sanitarios y de protección social muy debilitados. En estos contextos, algunas de las medidas de prevención contra el COVID-19 son, sencillamente, inimaginables. Por ello, la única respuesta viable pasa por una cooperación internacional reforzada que ahonde en el nexo entre la acción humanitaria, la cooperación al desarrollo y la consolidación de la paz.

Profundizar en esta visión, abordando de manera integral la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas desplazadas antes, durante y después de una crisis, está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas. Nuestro mandato internacional de proteger y salvar las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños que huyen de violaciones de derechos humanos, adquiere hoy una importancia vital ya que, como hemos comprobado, el impacto de una situación aparentemente lejana puede cambiar la realidad de millones de personas en todo el mundo.

La única respuesta viable pasa por una cooperación internacional reforzada que ahonde en el nexo entre la acción humanitaria, la cooperación al desarrollo y la consolidación de la paz.

 

Alianzas imprescindibles

Pero ¿qué pueden hacer la sociedad civil, el sector privado y las profesiones? ¿Cómo pueden las profesiones colegiadas contribuir a la búsqueda de soluciones?

Nuestro análisis es claro: las crecientes necesidades en un contexto político internacional disfuncional hacen que las alianzas entre actores del sector privado, la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos sean imprescindibles y complementarias. Ante la  multiplicación de emergencias y las situaciones de crisis prolongadas en el tiempo, debemos ser más creativos e innovadores en la búsqueda de soluciones. Este fue el espíritu del Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también del Primer Foro Mundial sobre los Refugiados, que es una herramienta clave para su implementación.

El pasado mes de diciembre, la primera edición del Foro reunió en Ginebra a refugiados, jefes de estado y de gobierno, líderes de la ONU, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales y de la sociedad civil, entre otros. Como muestra del papel cada vez más importante del sector privado, más de 100 empresas y fundaciones presentaron sus iniciativas en el ámbito de la empleabilidad, la inclusión financiera o el desarrollo del emprendimiento.

También la sociedad civil estuvo presente, en el caso de España, en parte gracias al Comité español de ACNUR, que reúne a los socios y entidades que apoyan nuestra labor en el mundo. La participación de pequeñas y medianas empresas, iniciativas sociales, ingenieros, fondos de inversión o bufetes de abogados fue decisiva. Además de prestar su apoyo a empresas emergentes gestionadas por personas refugiadas, estos profesionales se comprometieron a ofrecer servicios legales, así como a garantizar el acceso a fuentes de energía, fomentar el emprendimiento, el desarrollo profesional o poner en marcha iniciativas para promover las habilidades sociales y emocionales de las personas refugiadas.

El impacto multiplicador de estas iniciativas privadas es inmenso, y su objetivo final es siempre permitir a las personas desplazadas reconstruir sus vidas. Esto implica avanzar en su inclusión social y laboral. Y para que esta integración sea plena, también debemos garantizar que las personas refugiadas participen activamente de la toma de decisiones que condicionan sus vidas. Garantizar la dignidad de las personas en necesidad de protección internacional es una obligación legal, que emana de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; fomentar su participación en el proyecto compartido de cualquier sociedad es, además, la elección más eficaz en el ámbito de las políticas públicas.

Las personas refugiadas ofrecen talento, conocimientos y poder de emprendimiento que benefician a las sociedades que los acogen. Solo a través del reconocimiento de su dignidad y el respeto de sus derechos conseguiremos desarrollar el potencial de este colectivo en España.

 

Agenda 2030 como guía

La pandemia que atravesamos nos está obligando a revisar nuestros sistemas públicos de salud y cuidados, a modernizar los modelos productivos y a pensar en formas innovadoras de reactivar nuestras economías. Para que este ejercicio sea a la par inclusivo y eficaz, las personas refugiadas, apátridas y solicitantes de protección deben formar parte activa del mismo. La premisa es simple: ninguna sociedad puede permitirse prescindir del talento de sus miembros. Las habilidades, aspiraciones y capacidad de trabajo de las personas desplazadas han quedado de manifiesto, por ejemplo, cuando durante esta crisis sanitaria se han puesto a disposición para colaborar en todo lo que fuera necesario, desde un hospital hasta los sectores comerciales, industriales o en el sector de los cuidados. A pesar de estas contribuciones, en muchas ocasiones, criterios administrativos continúan dificultando su plena participación en esta fase de reconstrucción y desarrollo económico.

España tiene hoy una valiosa oportunidad de demostrar que la salida a esta crisis solo será eficaz si se hace desde un enfoque moderno, inclusivo y de derechos. Las tendencias demográficas en toda Europa nos muestran, además, su urgencia.

Para ello, en ACNUR creemos que la mejor guía para el diseño de políticas públicas es hoy la Agenda 2030. Con esta herramienta y en el contexto español nos parece crucial ahondar en la homologación de títulos universitarios y el reconocimiento de cualificaciones; prestar una atención individualizada a los colectivos vulnerables con necesidad de protección internacional; maximizar las oportunidades de la transición ecológica y los cambios en el mercado de trabajo para absorber nuevos talentos en el sistema; luchar contra la brecha digital; garantizar el acceso y uso de los servicios financieros o generar narrativas inclusivas que contrarresten la estigmatización a la que puedan verse sometidas las personas refugiadas. Esta es una tarea que beneficiará a la sociedad en su conjunto y en la que no lograremos avanzar sin el apoyo de las profesiones; estamos convencidos de que sus contribuciones son también una palanca para el cambio. Es tiempo de alianzas y de solidaridad.

Las personas refugiadas ofrecen talento, conocimientos y poder de emprendimiento que benefician a las sociedades que los acogen. Solo a través del reconocimiento de su dignidad y el respeto de sus derechos conseguiremos desarrollar el potencial de este colectivo en España. Las dramáticas cifras de desplazamiento forzoso en el mundo y la experiencia del COVID-19 nos recuerdan que las soluciones deben ser inclusivas si aspiran a ser eficaces. Pueden siempre contar con nosotros en esta tarea; esperamos también contar con ustedes.

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