Las profesiones, siempre al servicio del ciudadano

Corría el año 1973 cuando el Colegio de Abogados de Madrid fue testigo de un intento de injerencia por parte del Estado en las elecciones que se estaban celebrando. Este hecho dio origen a la Ley de Colegios Profesionales promulgada un año después, precisamente, para garantizar la independencia y autonomía de estas corporaciones de derecho público como son los colegios profesionales.

Aunque pueda parecer, en principio, una cuestión baladí es esa independencia de la que gozan estas instituciones la que les permite realizar sus funciones con la vista puesta siempre en la defensa del interés general. Por este motivo, en las alegaciones presentadas por Unión Profesional, como organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, se destaca, entre otras cuestiones, la preocupación del sector ante un control excesivo de los colegios profesionales por parte de las Administraciones Públicas, que convertiría a estas entidades en meros apéndices de la Administración, es decir, en órganos administrativos inferiores y subordinados al Departamento o Ministerio correspondiente. Ello supondría la degradación de las profesiones y una significativa pérdida de valor, calidad y seguridad de los bienes y servicios a los que tiene derecho el ciudadano si los contemplamos, como debe hacerse, a la luz de la Constitución. Como está quedando patente especialmente en los últimos años, desde la independencia, los colegios profesionales —como sociedad civil organizada— defienden el interés general de la ciudadanía, advirtiendo sobre el impacto de todas aquellas cuestiones que afectan al ejercicio de cada profesión y, por tanto, a los clientes y pacientes.

Una cosa es exigir la aplicación de criterios de transparencia y buen gobierno a las organizaciones colegiales —que en muchos casos constituyen ya una realidad— y otra muy distinta ejercer una función de fiscalización y apoderamiento que despoje de la imprescindible autonomía e imparcialidad a cualquier entidad. Hay que recordar en este sentido la aprobación de la Ley Ómnibus en el año 2009 que vino a reformar la Ley de Colegios Profesionales de 1974, modernizando el sector en muchos aspectos relacionados con la transparencia y la gobernanza, así como la competencia, entre otros. Incluso se procedió a la creación de los Servicios de Atención al Usuario de los servicios profesionales con el fin de preservar los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados lo que, pese a ser una novedad legal, ya venía realizándose por muchas corporaciones colegiales, muy particularmente, de la abogacía.

El significado del acto profesional

Gracias al control ejercido desde los colegios profesionales, los ciudadanos pueden tener la confianza de que quien les atiende cuenta con los conocimientos, formación y competencias necesarias para hacerlo y guarda, asimismo, unas normas de conducta acordes con la sensibilidad del contenido de los servicios que se le encargan. La dificultad que tiene el cliente o paciente para poder comprobar el nivel de calidad que está recibiendo tanto ex ante y durante la prestación del servicio como ex post hace que la garantía ofrecida por el colegio cobre mayor significado. En este sentido, llama especialmente la atención que no estén incluidas en la lista positiva de colegiación recogida en el anteproyecto profesiones como los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física. El ejercicio de estos profesionales, junto con otros de los ámbitos jurídicos, sanitario o técnico, afecta a materias sensibles como son la salud, la seguridad física o jurídica o el patrimonio que deben quedar protegidas bajo el paraguas de la colegiación.

No olvidemos que el subsector de los servicios profesionales presenta una dinámica muy diferente a otros mercados y que su excesiva liberalización puede tener graves consecuencias para los derechos de los ciudadanos. Hay que ver más allá de planteamientos meramente económicos. Además de conocimientos y experiencia, la esencia del acto profesional se compone de valores intangibles como la independencia, la responsabilidad o el respeto a las normas deontológicas de la profesión que impactan directamente en la conformación de la tan necesitada confianza de la ciudadanía. Por este motivo, considero que no se puede no se puede «trocear» una profesión en virtud de la actividad que realicen sus profesionales o poner ese acto profesional en manos de un tercero totalmente ajeno. El ejercicio de una profesión requiere la integración de todas las áreas de conocimiento propias de la profesión en cuestión, dado que están interrelacionadas y afectan a materias sensibles, por lo que todos los profesionales, independientemente del ámbito en el que ejerzan, han de estar sujetos al control colegial.

Las profesiones jurídicas

Además del alto coste social que ello tendría, según un estudio de Unión Profesional, la supresión de la colegiación de 616.000 profesionales, que es el número de colegiados afectados por el anteproyecto —una parte de ellos del ámbito jurídico—, podría suponer una reducción en el PIB de 3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la afectación principal en consumo e inversión.

Este impacto negativo se explica por la diferente dinámica que presenta el subsector de los servicios profesionales frente a otros mercados. Al tratarse de bienes de confianza, el hecho de no contar con la garantía que ofrece la colegiación en servicios ofrecidos por las profesiones liberalizadas desincentivaría su contratación por parte de la ciudadanía.

Todo lo anterior nos muestra cómo la seguridad jurídica es indispensable en un Estado de derecho. Una  pieza fundamental de su concepción es la existencia de instituciones que velen específicamente por ella, para lo que resulta imprescindible no mermar su independencia.

 

>> Tribuna de opinión publicada en el portal jurídico ‘Legaltoday.com’ el 1 de octubre de 2013.

Un bien de confianza para el ciudadano

El pasado 23 de septiembre finalizaba el plazo de presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobada, para la sorpresa del sector colegial, el 2 de agosto. En el texto, claramente mejorable, se echa en falta el escaso conocimiento que existe sobre el subsector de los servicios profesionales y sus peculiaridades, lo que hace que el planteamiento de base no sea del todo acertado. Los servicios profesionales son bienes de confianza para el ciudadano, definidos por la dificultad que tiene el cliente o paciente para poder comprobar el nivel de calidad que está ofreciendo tanto ex ante y durante la prestación del servicio como ex post. De ahí radica la necesidad de que, desde los colegios, controlemos que todo aquel que ejerce lo hace con las máximas garantías.

Estamos hablando con profesiones cuyo ejercicio afecta directa o indirectamente a los derechos de los ciudadanos, como son la salud, la seguridad física o jurídica, los bienes o el patrimonio. Pero también de aquellas estrechamente vinculadas con servicios generales donde la posible mala praxis pudiera ocasionar graves perjuicios al usuario, paciente o cliente. Por ello, la lista positiva de colegiación que recoge el mencionado anteproyecto debiera incluir, además de las profesiones sanitarias, jurídicas o técnicas (en su más amplio ejercicio), a una serie de profesionales con patente afección a estas materias sensibles como son psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física.

Resulta imprescindible tener en cuenta que el subsector de los servicios profesionales presenta una dinámica muy diferente a otros mercados y que su excesiva liberalización puede tener graves consecuencias para los derechos de los ciudadanos. Legislar con un prisma exclusivamente económico, olvidando la esencia del acto profesional, no solo no traerá beneficio alguno sino que puede tener un alto coste social. Valores como la independencia, la responsabilidad o la ética vienen a complementar, en forma de normas deontológicas, los conocimientos y experiencia aplicadas en todo acto profesional. Desde las organizaciones colegiales se vela por el cumplimiento de los códigos deontológicos, de ahí que no se pueda trocear, como he dicho en más de una ocasión, una profesión según la actividad que realicen sus profesionales o poner ese acto profesional en manos de un tercero totalmente ajeno. El ejercicio de una profesión requiere la integración de todas las áreas de conocimiento propias de la profesión en cuestión, dado que están interrelacionadas y afectan a materias sensibles, por lo que todos los profesionales, independientemente del ámbito en el que ejerzan, han de estar sujetos al control colegial.

Me consta que fue esta afección a derechos sensibles la que hizo que los padres de nuestra Constitución decidieran recoger en la sección 2ª del Capítulo II del Titulo Primero de la Carta Magna, bajo el título “De los derechos y deberes de los ciudadanos”, en su artículo 35 la libertad de elección de profesión y, a continuación, en el artículo 36 el imperativo legal de regular el ejercicio de las profesiones tituladas y las peculiaridades de los colegios profesionales, lo que supone, independientemente de la libertad de elección, que algunas profesiones con especial implicación en los derechos ciudadanos mencionados deban cumplir determinadas obligaciones.

Esto ha permitido a las profesiones colegiadas contar con una confianza, por parte de la ciudadanía, posiblemente envidiada desde otras instancias, una confianza basada en el trabajo bien hecho y en la puesta a su disposición de todos los medios y recursos existentes, según lo estipulado en los códigos deontológicos dictados en el seno de cada profesión. Aunque toda mejora siempre es posible, lo que queda claro es que los colegios profesionales funcionan y que el millón y medio de profesionales colegiados que actualmente ejercen en nuestro país desarrollan una labor social que en muchas ocasiones va más allá del acto profesional, lo que les hace dignos de admiración y respeto. Todos ellos conforman nuestra ‘Marca Profesiones’ siempre al servicio de la ciudadanía y de la defensa del interés general.
>> Tribuna del presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, publicada en el periódico Correo Farmacéutico.

Efectos en la seguridad jurídica

El principio rector de la democracia es el equilibrio entre derechos y deberes. Una muestra de ello es la Constitución española cuyo articulo 35 prescribe el derecho a elegir profesion u oficio. El correlativo deber viene en el articulo 36 que determina un régimen peculiar para las profesiones tituladas, que regulara la ley. Ello en atención a que determinadas profesiones son relevantes para el ejercicio de los derechos ciudadanos y por tanto han de sujetarse a unas normas profesionales que den garantías y confianza, mediante su ordenación y control por las corporaciones colegiales, conformando un sistema de seguridad jurídica propio de un Estado de Derecho. Ese plus de exigencia para determinados colectivos profesionales constituye la garantía institucional que el colegio profesional aporta, produciéndose un esquema de seguridad para que el ciudadano pueda producir y consumir sus bienes y servicios con plenitud y efectividad. Especialmente cuando se refieren al ejercicio de derechos fundamentales, o se trata de los colectivos más vulnerables.

Este marco garantista para todos los bienes y servicios que producimos y consumimos ha sido construido sobre la sólida base de los colegios profesionales que integran elementos de modernidad regulatoria, gobernanza, transparencia y eficiencia económica, así como altos niveles de competencia en el subsector de servicios profesionales. Pero el Gobierno, aun asumiéndolo, plantea su reforma para introducir más competencia y restringir la autorregulación de las corporaciones colegiales mediante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

El anteproyecto revisa ahora los actos del legislador que dotó de colegiación a determinadas profesiones, lo que debía hacerse para cada profesión colegiada para determinar si sus fines y funciones son de interés general. El documento se ha dejado bastantes profesiones y actividades profesionales fuera de la lista positiva de colegiación. Sostenemos que una profesión a la que se accede mediante un título universitario, o título oficial, previo aquel, constituye un conjunto de conocimientos unitarios, integrados e interrelacionados, conducentes a prestar servicios de la más alta calidad e indudable interés general, como así lo perciben los usuarios.

Resulta incuestionada la colegiacion para las profesiones sanitarias, pero también debían incluirse la psicología, las jurídicas y técnicas en todos sus campos de actividad,  las de ciencias, las sociales, las de economía, así como las que gestionan y administran intereses y patrimonio. Todas ellas prestan servicios relevantes, por lo que su ordenación y control conforma la seguridad jurídica necesaria para producir efectos económicos optimizados, de manera que la ausencia de este sistema degradaría el ejercicio de esas profesiones o actividades profesionales, creando bolsas de ineficiencia puesto que la atención y recursos de esos profesionales se dirijirían  tendencialmente hacia obtener cuotas de mercado con merma de su más que acreditada profesionalidad.

La barrera de acceso al ejercicio de las profesiones que esgrime el anteproyecto de Ley, contemplando la colegiación, ha de analizarse caso por caso, pero en términos generales cabe afirmar que tiene dos componentes. La cuota colegial que se corresponderá con los costes de la prestación de los servicios obligatorios. Y otra que es la propia sujeción a la normativa y disciplina colegial que para el buen profesional es positivo y beneficioso, y para el que no lo es resulta un inconveniente. Este control es un evidente beneficio para el consumidor o usuario de los servicios profesionales. En consecuencia, la colegiación es una medida proporcionada y está justificada para las profesiones mencionadas, y se corresponde con el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, que ampara restricciones de mercado por razones de imperiosa necesidad, como es el requisito de colegación.

Nos encontramos ante un dilema económico y social, incluida la afección al empleo. En un lado la desregulación y liberalización para un pretendido incremento de la competencia para favorecer el curso económico. Y de otro un subsector de servicios de calidad y confianza prestados por profesionales cualificados para facilitar el ejercicio  de los derechos fundamentales, subsector que representa el 8,8 %del PIB, el 6% del empleo directo y el 3% del empleo vinculado, que se mantiene, y presenta competencia entre sus operadores, sin olvidar que en 2009 ya fue renovado.  La cuestión es que la desregulación puede aportar a la economía ínfimos beneficios en conjunto, y perjuicios notables como hipótesis más fundamentada, y ello por ser un subsector sensible a los cambios.

La colegiación es elemento esencial de la seguridad y su alteración afectará negativamente a la economía en su conjunto, sin que se haya demostrado que la liberalización de la colegiación en los términos del anteproyecto vaya a tener impacto económico positivo, ni otros efectos que pudieran justificarlo. Al contrario, hemos estudiado el impacto, lo que arroja resultante negativa en el conjunto de las variables macroeconómicas. No conocemos la construcción del ahorro de costes cifrado en 7.000 millones de euros, pero sea cual fuere esa previsión, nuestra preocupación se centra en que el ahorro de costes,  tenga que destinarse a solventar problemas derivados de una desregulación que desequilibre el sistema, especialmente si ello comporta graves desigualdades para los ciudadanos.


>> Artículo de opinión de Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, publicado en el diario Expansión el 10 de agosto del 2013.