Emprendimiento y profesiones colegiadas

Por fin estamos de moda. Me refiero a los emprendedores y, dentro de ellos, más concretamente, a los profesionales que cada día desde sus despachos, clínicas, estudios y oficinas prestan sus servicios a la ciudadanía.

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Emprendimiento en la Europa de las Profesiones

La Europa de los Ciudadanos engloba, entre otros, el concepto de la Europa de las Profesiones, espacio que viene consolidándose desde los orígenes de la Comunidad Económica Europea.

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Analizando el concepto de cuota colegial

Sobre la significativa diferencia entre “precio” y “cuota”, y cómo lo aborda el nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

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Gobernar desde la desconfianza

¿Es posible gobernar desde la desconfianza y la ausencia de diálogo serio? En los últimos tiempos, en el mundo de la justicia y de los servicios y colegios profesionales, que es el que mejor conozco, el Gobierno viene haciendo ambas cosas. Sospecha de los ciudadanos que plantean tres pleitos en un año y les obliga a volver a demostrar que son pobres de necesidad. No piensa que, en estos tiempos de crisis, un ciudadano puede ser despedido y tener que reclamar sus salarios, que puede tener problemas para pagar su comunidad de vecinos y ser demandado o divorciarse o recibir una multa. Más de tres peticiones de justicia gratuita en un año son suficientes para que se encienda la luz roja y conviertan al ciudadano en un peligroso sospechoso de abuso. Es como si un ciudadano que acude cinco veces al médico en un año, aunque tenga un cáncer, tuviera que demostrar que se va a morir.

Además, si el pleito dura más de un año, aunque la culpa sea de la Administración de justicia, o si recurres una sentencia, también tienes que volver a solicitar el beneficio de justicia gratuita. Cornudos y apaleados. Y a los abogados de oficio, a dos euros la hora, se les paga con un año de retraso. O no se les paga porque aunque han hecho su tarea, su defendido no alcanza el beneficio de justicia gratuita, y ellos no cobran. Y no pasa nada.

Contra el proyecto de ley de justicia gratuita, actualmente en trámite parlamentario, y en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la dignidad de los abogados, se manifiesta unánimemente la abogacía. Este proyecto es un grave error que traspasa las líneas rojas del derecho de defensa y que pone en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los más desfavorecidos, gracias al trabajo de los abogados de oficio y de los 83 colegios de abogados. ¿Debe un Estado de derecho, en el que el acceso universal a la justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesión e incluso su razón de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona?

En el caso de los colegios profesionales, lo mismo. Sospechan de ellos y les regulan sin diálogo. Cobran mucho —dicen—, dan pocos servicios —aunque ignoran qué servicios dan—, se les ponen nuevas obligaciones, se aumentan los trámites burocráticos y se reducen sus ingresos, de forma que, en muchos casos, no puedan hacer frente a sus funciones. Y entonces la Administración se reserva el derecho de disolver la Junta de Gobierno y convocar nuevas elecciones.

La fuerte campaña de intoxicación que la Administración ha puesto en marcha contra los colegios profesionales es un desatino que va a tener consecuencias. Mientras ellos no presentan una memoria económica razonada, nosotros sí podemos probar que si la ley se aprueba como está hoy casi en la mesa del Consejo de Ministros, se perderán entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo.

Podemos probar que la fijación de unas cuotas máximas de 240 euros por colegiado y año para todas las profesiones, para todos los colegios, hagan lo que hagan, tengan las obligaciones que tengan y presten los servicios que presten, están basadas en cálculos económicos y estadísticos erróneos y van a provocar la desaparición de muchos de esos colegios, con perjuicios a los profesionales, pero también a los ciudadanos a los que el Gobierno dice querer defender.

¿Se puede emprender reformas de fondo sin diálogo serio con los afectados? Se puede, claro, pero también se ha demostrado que esas reformas acaban sin entrar en vigor o son cambiadas por el Gobierno siguiente, aunque el daño realizado no pueda ser evitado en su totalidad. Es cierto que ha habido muchas reuniones entre el Ministerio de Economía y los distintos colegios profesionales. Pero eso no quiere decir que haya habido diálogo. Ni siquiera que se hayan escuchado, y no digo ya tenido en cuenta, las opiniones de los colegios. Aunque hubiera habido 10 veces más reuniones, el resultado habría sido el mismo: las decisiones ya estaban tomadas desde el desconocimiento de la realidad.

No es cierto que Europa exija estos cambios. Europa exige, como los colegios profesionales venimos pidiendo desde hace décadas, una modernización de los servicios y de los colegios profesionales. Lo que el Gobierno propone es simplemente una manera de callar a los colegios profesionales y unos mecanismos para controlarlos. Los colegios profesionales, en particular la abogacía, han sido combativos en asuntos que afectan al derecho de acceso a la justicia —las tasas, la justicia gratuita— y en otros que se refieren a leyes que ponen en riesgo la calidad de la democracia. Este proyecto de ley es un ejemplo claro: está hecho con precipitación, con una urgencia innecesaria, con falta de diálogo con quienes la van a sufrir, con incoherencias y contradicciones que no son, precisamente, factores de calidad democrática y no soluciona los problemas que tenemos los profesionales, lo que debería ser, aunque no lo sea, el objetivo que debía haber movido al Gobierno.

El Ejecutivo puede aprobar estos proyectos de ley porque tiene mayoría absoluta. Pero las mayorías pasan y los profesionales seguiremos trabajando para crear empleo y riqueza. Y seguiremos votando con libertad e independencia. Con la misma con la que tratamos de ejercer nuestra profesión. Aunque no siempre nos dejen hacerlo.

Carlos Carnicer Díez
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de Unión Profesional

* Artículo de opinión publicado en El País el 23 de julio de 2014

Sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

En línea con la incertidumbre imperante en los últimos tiempos, el subsector de los servicios profesionales continúa expectante sobre lo que ocurra finalmente con una ley que, en el caso de ver la luz sin incorporar los planteamientos que con toda determinación hemos realizado, podría afectar a la esencia de las profesiones colegiadas en nuestro país y, lo que es más preocupante, tener graves consecuencias para la ciudadanía.

El «mercado» de los servicios profesionales se basa en la confianza, una «cualidad» imprescindible para que el usuario o consumidor decida contratar los servicios de un determinado profesional o ser atendido por éste. Como ciudadanos, ponemos nuestra salud, seguridad, bienes, patrimonio u otros muchos servicios generales, en sus manos y debemos tener la suficiente certeza de la buena práctica de ese profesional. Por ello —y para ello— existen los colegios profesionales y la colegiación: para velar porque sus profesionales cumplan en todo momento con las normas deontológicas establecidas en el seno de la profesión. De ahí que se inste al legislador a mantener la colegiación en todas las profesiones sanitarias en las que, como ocurre en las jurídicas, científicas, económicas, sociales y técnicas, se ven afectados derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero, además, y en ello coincidimos con el Consejo de Estado, el profesional debe estar colegiado en aquel colegio donde tenga su domicilio habitual de manera que quede mejor respetada, como dice el dictamen del Consejo de Estado, «la función de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones» y, por ende, protegidos más adecuadamente los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.

En el último texto conocido de Anteproyecto —fechado el 20 de diciembre— todavía se observaba una intolerable injerencia por parte de una Administración indefinida, que anularía la autonomía y autorregulación de los Colegios. Además, el hecho de incorporar en una ley limitación a las cuotas colegiales no es ajustado a técnica legal ni a la realidad de los colegios profesionales ya que, en la mayoría de los casos, su coste se encuentra justificado por los servicios prestados tanto a la sociedad como a los colegiados. Por último, me gustaría que desaparezca la Comisión de Reforma de las Profesiones, prevista asimismo en el Anteproyecto mencionado, que considero innecesaria ya que desde los ministerios de adscripción ya se llevan a cabo las funciones previstas para ella.

Desde Unión Profesional, hemos propuesto —como lo llevamos haciendo desde hace años— la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones de carácter mixto y paritario (con representantes de los Ministerios y las organizaciones interprofesionales) para la emisión de informes sobre normativa o para el desarrollo de la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la Unión Europea.


Carlos Carnicer Díez
Presidente de Unión Profesional

* Artículo de opinión publicado en El Global el 30 de junio de 2014

Colegios profesionales, organizaciones por y para el interés general

De todos los valores sociales que dan forma a nuestra sociedad, hay uno consustancial a los colegios profesionales que, como ha dicho el Tribunal Constitucional es la garantía institucional que estas entidades corporativas representan para preservar los Derechos Fundamentales. Desde Unión Profesional, y pendientes de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), creemos imprescindible mostrar a la sociedad  que la razón de ser de toda organización colegial radica en la función (pública) que realizan para asegurar el ejercicio de los derechos por los ciudadanos, una trascendental cuestión estrechamente ligada a nuestra ya no tan joven democracia.

Se cumplen 35 años desde la firma de nuestra Constitución y, como cada año, no podemos olvidar el espíritu de los constituyentes, particularmente ahora, en el actual escenario de cambio económico, jurídico y social en el que estamos sumergidos. Los profesionales somos conscientes de la trascendencia social que supone el cumplimiento de los principios recogidos en la Carta Magna; una significación que, en el caso de los profesionales, se concreta, claro, en el derecho a elegir una profesión (art. 35 CE), pero también en el deber de cumplir unas normas de comportamiento, deontológicas, cuando la elección de la profesión suponga que su ejercicio afecta al interés general. Es el significado del artículo 36 de la CE que encomienda a la ley la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, así como las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. Es, precisamente, el interés general el que legitima el control del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales. Desde Unión Profesional, se subraya que las profesiones colegiadas han de desempeñarse siempre con independencia de criterio profesional o autonomía facultativa, con responsabilidad por su actuación profesional, y sujetas al cumplimiento de un código deontológico que ordena y controla la organización profesional. Este modelo se basa en la existencia de los colegios profesionales como entidades democráticas y transparentes que favorecen el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y procuran la máxima calidad de sus servicios.

Los derechos vinculados al ejercicio del periodismo, recogidos en el artículo 20, en la sección Derechos y Libertades de los ciudadanos de nuestra Carta Magna, como son el derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento, palabra y opiniones o a comunicar o recibir información veraz son, sin lugar a duda, tutelables desde un considerable elenco de entidades, pero también, y muy especialmente, desde la organización institucional corporativa que los colegios representan, libres, independientes y autorregulables. La  profesión periodística está ligada a un esquema conceptual de interés general, pues las acciones de sus profesionales afectan de forma directa a los derechos de todo orden. La justificación de la existencia de una organización colegial de periodistas —con todos los elementos de estructura organizativa, requisito de colegiación y referencias legales al desempeño profesional— tiene una estrecha vinculación con las razones imperiosas de interés general recogidas en la Directiva de Servicios en el Mercado Interior y su transposición a la normativa española mediante la llamada “Ley Paraguas”, todo lo cual sugiere una necesidad de autonomía y autorregulación para ejercer con libertad e independencia, incluso de contrapoder, en la propia esfera política.

Por ello, desde Unión Profesional, apoyamos la iniciativa política surgida desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) de incentivar la creación de colegios profesionales de periodistas en todas las Comunidades Autónomas y su correspondiente consejo general de ámbito estatal. El reciente Informe Anual de la Profesión Periodística arroja datos de la situación que el periodismo ha sufrido y sufre a causa de la doble crisis que le atraviesa, la económica y la particular del sector. Entre sus consecuencias, destaca la laboralización de la profesión periodística. Las empresas han transformado la realidad de estos profesionales, un fenómeno que se ha traducido en una significativa precarización de la profesión que repercute en el derecho del ciudadano a recibir una información veraz y de calidad. Unión Profesional apoya la apuesta de la FAPE por el modelo colegial, pues éste ampara al profesional más allá de la actividad laboral, preservando su independencia en tanto realiza un acto profesional. El periodista, en todo lo que tiene que ver con su actuación profesional, puede ser tutelado por su colegio profesional, pues es función del mismo garantizar no sólo la buena práctica profesional a favor del interés general de la sociedad, sino, como decía, la propia independencia del criterio de los profesionales que no ha de verse cercenada por la imposición del empleador.

En realidad, podemos decir que es certidumbre lo que buscamos en todo cambio. Tanto los profesionales, como las organizaciones que ordenan nuestras profesiones, necesitamos espacios seguros de libertad donde poder analizar el contexto donde se manifiesta nuestra función social y proponer estrategias para el cambio permanente hacia etapas más maduras. Ello siempre para servir al interés general, al ciudadano, a la sociedad; a nuestros lectores, oyentes, televidentes, clientes y pacientes.

>> Artículo del presidente Carlos Carnicer en revista ‘Periodistas’ online.