Novedades en la reforma de los servicios profesionales

El presente Semestre Europeo ha tenido de nuevo a los servicios profesionales como protagonistas junto con otras reformas estructurales que según la Comisión Europea faltarían por completar en España.

A mediados del mes de marzo nuestro país recibía la tercera visita de los inspectores europeos con el fin de supervisar la aplicación del programa de asistencia financiera para la banca española. Tras esta visita, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo instaban de nuevo en sus conclusiones preliminares a finalizar y completar las reformas pendientes, entre las que mencionaba la de los servicios profesionales: «hay algunas reformas claves pendientes, como la reforma de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales, que si se adoptara beneficiaría al conjunto de la economía».

Dos meses después, la CE volvía a insistir en las últimas recomendaciones específicas por países para el período 2015-2016 publicadas el pasado 13 de mayo en la inconveniencia de que no existan progresos en la ley de servicios y colegios profesionales en España.

Previamente a la publicación de este documento, la CE elaboraba un informe específico para España en el mes de febrero en el que se mencionaba concretamente el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales en la misma línea en la que venía refiriéndose en los últimos años: manifestando la falta de progreso en su tramitación y el hecho de que se trata de una reforma pendiente. Dicho informe aludía también a la preocupación sobre el tiempo de adopción de este anteproyecto de ley dada la cercanía de la finalización de la presente legislatura. Asimismo, el informe trata con argumentación económica sobre los beneficios de liberalizar el ejercicio de las profesiones, centrándose en cuatro grupos determinados: legales, contables, arquitectura e ingenierías.

«Hoy pedimos a los Estados miembros que se aseguren de que la recuperación económica en curso no sea un mero fenómeno pasajero. Desde el mismo momento en que la Comisión Juncker asumió sus funciones, nuestras prioridades económicas han sido impulsar la inversión, apoyar las reformas estructurales y garantizar la aplicación de políticas presupuestarias responsables. Estas recomendaciones, lejos de ser “un sermón Bruselas a los gobiernos”, tratan de alentar los esfuerzos nacionales con el fin de lograr el crecimiento y los empleos que colectivamente necesitamos». De esta manera se expresaba Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Impuestos y Aduanas, tras la publicación de estas últimas recomendacionesSegún la CE, España se sitúa junto a Irlanda y Eslovenia en el grupo de países con «desequilibrios que requieren medidas decisivas y un seguimiento específico».

Los ministros de la UE debatirán las recomendaciones específicas por país durante el mes de junio, antes de que las refrenden los Jefes de Estado y de Gobierno los días 25 y 26 de junio. Su adopción formal se producirá en el mes de julio. Posteriormente, corresponderá a los Estados miembros llevar a la práctica las recomendaciones, mediante su inclusión en las políticas y planes presupuestarios nacionales para el período 2015-2016.

 

El Gobierno no aprobará en esta legislatura la ley de servicios y colegios profesionales 

Ya en el mes de febrero el ministerio de Economía y Competitividad anunció la intención de retrasar la aprobación de la ley de servicios y colegios profesionales, en espera del resultado del informe de evaluación que la Comisión Europea está llevando a cabo sobre la Directiva europea de cualificaciones profesionales, iniciado en el 2013 y cuyos resultados previsiblemente no se tendrán hasta el año 2016.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunciaba el pasado 14 de abril en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, durante la celebración de un desayuno informativo organizado por la Fundación Caminos la paralización y retirada del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales pese a que por parte del Gobierno se recibió «una enorme presión por parte de las instituciones comunitarias» para que se sacara adelante esta normativa. Durante este encuentro Cospedal recalcó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy está convencido de la utilidad de los colegios profesionales, y por eso: «vamos a mantener los colegios profesionales». Aún así, la presidenta de Castilla La Mancha recomendó la revisión de sus fines, con el objetivo no solo de «defender los intereses de sus afiliados», sino también de trasladar al conjunto de la sociedad «toda su pericia, su know how».

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en la presentación en el Senado del Plan Estratégico que seguirá este órgano en el año 2015, se refirió a «la necesidad de impulsar también la competencia en el sector de los servicios profesionales que en España». La posibilidad de que estos servicios se presten con mayor nivel de competencia, es para la CNMC una «cuestión fundamental para fomentar una oferta de servicios profesionales de calidad variada e innovadora, así como también al propio tiempo, para impulsar la productividad, el crecimiento de la economía española y la creación de empleo en los próximos años». El presidente de la CNMC también señaló que debido a la naturaleza de alguno de estos servicios, «podría existir en determinados casos una necesidad de regulación, dada su incidencia en derechos fundamentales de los ciudadanos y la existencia también de fallos de mercado, que en ocasiones impiden que los mecanismos competitivos sean una garantía suficiente. No obstante, en estos casos, la regulación debe justificarse en los principios de necesidad, de proporcionalidad y no discriminación, principios de regulación económica eficiente».

Para Marín Quemada, «desafortunadamente, la normativa actual del sector de servicios profesionales sigue caracterizándose por incorporar aún algunas restricciones notables a la competencia, no justificadas en nuestro criterio, en base a dichos principios y perjudicando por ello el interés general».

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