Los Colegios Profesionales como garantes del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) 

Por el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, ex presidente de la Organización Médica Colegial

 

La sociedad vive inmersa en un dinamismo extraordinario con cambios tan rápidos que no hay tiempo para la reflexión y el análisis, menos para que el Estado o las Administraciones que lo representan tengan tiempo de ofrecer respuestas reflexivas y organizadas a sus necesidades y a la cantidad de dilemas con componente profesional que brotan a diario en su seno. El gran enemigo de nuestra sociedad es el pensamiento TINA (there is not alternative), y su variante aún más simplificadora, el llamado pensamiento único que pretende anegar todas las salidas. La necesidad de respuestas a menudo atormenta a los responsables sociales. Ante esta situación son las profesiones y sus estructuras colegiales las únicas y mejor posicionadas para ofrecer y construir ayudas y respuestas profesionales independientes, pero con el nivel científico, profesional y social que corresponde en cada caso.

Las profesiones colegiadas constituyen un agente nuclear inevitable en la sociedad actual, por la complejidad de los procesos de alta especialización en los que intervienen, por la tecnificación de la actividad que realizan o en sus caso por los altos costes de las mismas. Acumulan la mayor parte del conocimiento experto mediante el cual y de forma responsable lo organizan y ofrecen para determinar el buen ejercicio profesional en cada una de ellas. El poder institucional que les concede el Estado se transmite con la representación profesional tanto a nivel nacional como internacional. A una profesión la define su capacidad para autorregularse, es decir la capacidad de ordenar tareas complejas de difícil normalización y estandarización, que condicionan y determinan definitivamente el ejercicio profesional de sus miembros. Esa capacidad de autorregulación se concreta en los colegios profesionales y así lo entiende nuestra Constitución.

Por otra parte las profesiones en su conjunto tienen una gran visibilidad social y, con frecuencia, pueden responder con intereses encontrados entre ellas. De ahí la importancia de una estructura supra profesional como Unión Profesional, en cuyo seno puedan dirimirse y amortiguarse todas las tensiones y sus numerosos conflictos de interés que entre ellas, puedan surgir. Unión Profesional debe constituirse en «un espacio ético y democrático de libertades profesionales y directivas de las profesiones colegiadas dedicado especialmente a la regulación de su ejercicio».

Contexto internacional

Somos producto evolutivo de nuestra historia, en tanto nuestra manera de ser, de responder a lo que nos rodea, de configurar nuestra concepción de las organizaciones profesionales colegiales, nuestras respuestas, nuestros comportamientos, se han construido en el crisol de nuestra cultura, de la estructura y normas que hemos heredado y nos hemos otorgado. Y esta sensibilidad no va en los genes, ni es etológica, ni surge espontáneamente en cada individuo. Por el contrario, es una respuesta colectiva que se construye, se mantiene y se perfecciona y cuya responsabilidad es competencia y asumen los colegios profesionales.

La colegiación es un fenómeno asociativo especial. Las profesiones en todo el mundo mínimamente desarrollado están organizadas como colegios profesionales, encargados por delegación de cada Estado de la regulación y control de las mismas. Los colegios profesionales no pueden cambiar sus fines aunque lo decidan el 100% de sus colegiados, pues sus intereses coincide con los fines que establece en nuestro caso la Ley de Colegios Profesionales. Para cambiar sus fines debería cambiar la Ley con un ordenamiento nuevo. Los Colegios Profesionales así constituidos tampoco pueden ni deben tolerar incorporaciones de obligaciones impropias de su ejercicio profesional  ni que las propias de cada profesión sean utilizadas por interés de parte de otras profesiones vecinas.

Es necesario establecer la necesidad y obligatoriedad de autorregulación de cada profesión, compartiendo la misma con el poder que otorga el Estado a sus administraciones.

El profesional colegiado tiene un catálogo de compromisos y obligaciones que la sociedad conoce; con esa condición acuden los ciudadanos a demandar sus servicios y le entregan su confianza. En ese catálogo está, por ejemplo, no ofrecer publicidad engañosa basándose en la confianza colectiva que se le otorga al profesional; o también, estar al día, teniendo actualizados los conocimientos, así como estar en perfectas condiciones personales para llevarlos a cabo. Es parte de lo que entendemos como valores profesionales, a lo que hay que añadir una recta actitud y un comportamiento con el código de deontología que cada profesión tiene que definir. Por todo, es necesario establecer la necesidad y obligatoriedad de autorregulación de cada profesión, compartiendo la misma con el poder que otorga el Estado a sus administraciones.

 

Autorregulación

Donde se encuentra la gran justificación de la necesidad de autorregulación obligatoria de cada profesión es en el acto del profesional que es elegido libremente por el ciudadano, a quien le confía sus necesidades, su problemas y en ocasiones su intimidad, sus debilidades, sus éxitos y fracasos y donde en ocasiones le participa lo que desea o en donde pide ayuda para recibir información, tomar una decisión sobre aquello que considera de su interés o de aquello que determinara su vida y la de los suyos, hasta le puede hacer responsable de que se cumpla su voluntad. Cabe preguntarse: ¿Ese altísimo y pesado compromiso lo asume todo profesional, con especialidad o sin ella, por el hecho de serlo o de tener un contrato laboral, e incluso algunas veces sin él? ¿o es por otro tipo de razones? ¿Lo dejamos en manos del mercado, de las decisiones políticas o de la regulación laboral? ¿Está la carga repartida por igual?

Existe un proceso permanente de tensión entre cada profesión con el Estado-Gobierno debido a que sus relaciones reposan en un interés mutuo. Ambos trabajan con lógicas y racionalidades distintas pero complementarias y necesarias. Por ello, ninguna parte debe ahogar a la otra, ni asfixiarla. La co-regulación de las profesiones, el control universal obligatorio, mantener un sistema de alerta permanente contra las desviaciones del ejercicio profesional es, en suma, la colegiación, por eso debe ser obligatoria. Las ventajas de la colegiación son muchas como la involucración más activa de los profesionales en el sistema; la mayor capacidad ante la complejidad del conocimiento especializado; la mejor aceptación profesional de las reglas reguladoras que vengan desde dentro de la profesión, entre otras.

Pero también hay inconvenientes que dependen, como los beneficios, precisamente de la capacidad de regulación interna, de los comportamientos que deben de ser democráticos estrictos y que en ningún modo deben convertirse en mecanismos de autoprotección del grupo profesional autorregulado, con lo que ello supone de pérdida de legitimidad. También es inconveniente, cuando se produce, la desprotección de la población por incumplimiento de los fines que le corresponden en cada caso. O bien por disponer de normas y reglamentos que no estén plenamente aceptados y observados, por los propios profesionales autorregulados, o que no se hagan cumplir adecuadamente una vez establecidos.

 

Colegiación como garantía para todos

La colegiación de las profesiones debe ser universal y, en consecuencia, obligatoria porque, de no ser así, no podría garantizarse para todos y, lógicamente, saldrían de la misma todos aquellos que tuvieran algún motivo o razón para evitarla. Pero, también, por la extraordinaria importancia de lo que salvaguarda y por responder mediante la colegiación a derechos o bienes fundamentales. El control universal «garantiza para todos» aquello que de no ser así solo estaría garantizado para unos cuantos. Se trata, pues, de ofrecer a todos iguales garantías y la mejor forma de ejercer esa potestad la tienen los Colegios, garantes como son de la mejor praxis profesional.

La colegiación tiene como fin primordial proteger a los ciudadanos frente a los eventuales casos de abuso o incompetencia de los profesionales y para facilitar el ejercicio profesional en libertad y en las mejores condiciones. Pero además de ese sistema de alarma permanente en todo el territorio español supera nuestras fronteras para hacerlo entre los diferentes países mediante el reconocimiento de las acreditaciones debidas en cada caso. Hablamos de responsabilidad para establecer los criterios éticos y técnicos para la evaluación profesional de sus miembros y para disciplinar su desempeño. Hablamos de participación para fijar los períodos de formación y experiencia para la obtención de la titulación, que otorgan la autorización legal para ejercer, del registro de los profesionales en activo que debe estar bajo la responsabilidad de la profesión.

 

Desarrollo Profesional Continuo: credencial profesional

Por todo ello, en la actualidad y siguiendo las tendencias en el mundo profesional desarrollado y en la Unión Europea se están estableciendo credenciales profesionales es decir procesos periódicos de validación profesional no solamente centrados en la competencia profesional también en las condiciones personales básicas requeridas para mantener la capacidad de ejercer cada profesión.

Es de interés substancial rendir cuentas a la ciudadanía sobre el «control de la calidad» de la actividad de cada profesión y profesional. Hoy no basta con hacer las cosas bien, hoy debemos poder demostrarlo fehacientemente. Desde las organizaciones profesionales esta demostración de «calidad» pasa por los procesos de «recertificación obligatoria», que podemos denominar de diferentes formas, en nuestro entorno inmediato prefiero el denomina Validación Periódica de la Colegiación (VPC). La justificación de la recertificación obligatoria de los profesionales tiene dos vertientes, una de valores éticos-profesionales y otra legislativa. Para responder a los valores y compromisos de cada profesión es preciso cumplir con el contrato tácito profesión-ciudadanía de «hacer lo mejor para el ciudadano». Por ello hay que estudiar permanentemente, este es el compromiso con la Formación Continuada (FC) y para poner en valor y asegurar la calidad de la misma la acreditamos. Para asegurar que el profesional mantiene la excelencia profesional y su actuación cumple con los estándares que fija la propia profesión, lo certificamos.

Es de interés substancial rendir cuentas a la ciudadanía sobre el «control de la calidad» de la actividad de cada profesión y profesional. Hoy no basta con hacer las cosas bien, hoy debemos poder demostrarlo fehacientemente.

La VPC es un proceso que certifica, por un periodo de tiempo similar a los años de  licenciatura, que la preparación y formación del colegiado supera los requisitos previamente definidos para ejercer como profesional. En concreto, certifica la buena praxis, es decir, que el médico no tiene expediente deontológico; acredita que está en aptitud psicofísica idónea para ejercer la profesión y atender a los ciudadanos; certifica la vida profesional y acredita su Formación Médica Continuada y su Desarrollo Profesional Continuo. Bien es cierto que no todos los países europeos han implementado este sistema, salvo Reino Unido —también existe en EE.UU y Canadá— y los países nórdicos, pero poco a poco se van incorporando a una necesidad que, tarde o temprano, la sociedad les va a exigir, adaptándose esta recertificación de competencias en cada país a sus estructuras sanitarias y a sus legislaciones.

Este escenario de corresponsabilidad, implicación transversal de todos y cada uno de los agentes, de autorregulación responsable, ya no tiene vuelta atrás porque, además, la sociedad lo demandará. El principio de rendir cuentas a la sociedad es universal y necesario y estamos convencidos que fortalecerá a los que se comprometan con él. Por eso, es preciso seguir convenciendo a todos los profesionales de que los estándares de calidad que establece la VPC y la recertificación de la competencia mediante el Desarrollo Profesional Continuo son deseables e imprescindibles. Ahora, nuestro reto es, sin duda alguna, conseguir la complicidad y alianza de los ciudadanos y administraciones, que serán la clave para su desarrollo.

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