Los ministros de Inmigración de la Unión Europea, reunidos el pasado 24 de julio en Bruselas, no terminan de conseguir ponerse de acuerdo sobre cómo definir a un trabajador altamente cualificado. Este tema es de capital importancia para hacer avanzar las negociaciones sobre la propuesta de directiva sobre la tarjeta azul europea, que pretende atraer a los inmigrantes de terceros países con altas cualificaciones profesionales. Los Veintisiete han debatido asimismo sobre las sanciones que deben imponerse a los empresarios europeos que contraten a inmigrantes ilegales. 
 
Según la propuesta de la Comisión, la tarjeta azul autorizaría a los inmigrantes de terceros países residir y trabajar en la UE por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos, tras lo cual podrían obtener un permiso de larga duración. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, ha señalado en rueda de prensa que el Consejo no halla la unanimidad en los criterios para definir a este tipo de trabajadores. Uno de los indicadores contemplados en la propuesta de directiva es el salario, cuestión sobre la cual hay dos posiciones. Un grupo de países considera que decir que los que ganan 1,5 veces más que el salario medio son trabajadores altamente cualificados es excesivo, mientras que otros, entre los que se halla España, opinan que es mejor remitirse a los convenios colectivos. El Gobierno español defiende además que una persona altamente cualificada debe poseer unos títulos homologables y un mínimo de cuatro años de experiencia.

Corbacho ha indicado a los ministros que es necesario reflexionar sobre cómo compensar a los países en vías de desarrollo que pierdan a sus mejores trabajadores a causa de la tarjeta azul europea. En opinión del ministro es "de justicia" compensarles de algún modo, puesto que estos Estados, más pobres que la UE, invierten en la formación de estas personas, de las que no podrán aprovechar su potencial si se desplazan a Europa. Los homólogos de Corbacho no se han mostrado opuestos a la idea. Preguntado sobre cómo cree que hay que compensar al país de origen por la pérdida, ha declarado que no le parece "suficiente" que la UE devuelva los costes de la educación del inmigrante, porque el Estado que invierte en la educación también pierde el trabajo de una persona altamente cualificada.

Fuente: Comisión Europea