El Gobierno de Cataluña ha remitido al Parlamento la llamada ley de Universalización (de la Sanidad) con el propósito de ampliar la cobertura sanitaria a colectivos que aún no la disfrutaban. Los profesionales liberales colegiados con mutualidades alternativas al régimen de autónomos son, junto a religiosos, rentistas y parados con rentas superiores al salario mínimo interprofesional, los afectados de un vacío legal que el Gobierno de Cataluña pretende subsanar. En esta región, y gracias a esta ley, unas 60.000 personas -de las 300.000 que están en esta situación en España- verán mejorada su calidad de vida.

Esta reforma también ha traído otra iniciativa por parte del Gobierno de Cataluña. Se trata de un convenio con los colegios profesionales con el objetivo de repartir tarjeras sanitarias al colectivo más numeroso de los profesionales liberales colegiados en esta región: los abogados. Esta experiencia piloto les garantiza a todos aquellos que optaron por la Mutualidad de la Abogacía en vez de por la Seguridad Social acceso a los hospitales públicos y financiación de prótesis y de medicamentos, entre otros servicios sanitarios.

Los otros profesionales afectados, además de los abogados, son aquellos con mutualidades propias, como gestores administrativos, arquitectos, aparejadores, químicos, procuradores, peritos e ingenieros técnicos industriales y médicos que solo hayan trabajado en ejercicio libre.