El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Ciencia e Innovación sobre el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La nueva norma pretende consolidar a España entre los países con mayor producción científica del mundo -España es la novena potencia mundial en este ámbito- y mejorar la capacidad de convertir esa ciencia en innovación, lo que es clave para una economía sostenible basada en el conocimiento.

La futura Ley, junto a la Ley de Economía Sostenible, será parte de los cimientos sobre los que construir un nuevo sistema productivo y estable a largo plazo. Dará respuesta a los cambios que se han producido en España desde 1986, año en que se aprobó la Ley que hasta ahora regula el sistema de I+D en España. La aparición de las Comunidades Autónomas, con sus propios sistemas de I+D+i, la multiplicación del número de investigadores y de los recursos que se dedican a la investigación -solo en los últimos cinco años se han triplicado estos recursos- y la integración en el espacio europeo hacen imprescindible una nueva regulación.

La norma responde así a tres grandes retos:

• El diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico.

• La necesidad de un sistema de I+D más eficiente y eficaz.

• El cambio de modelo productivo: el desarrollo de una verdadera Sociedad del Conocimiento y el impulso de una economía más sostenible.

Respuesta y coordinación

• Para responder al primer reto se ofrecerá un contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado (se eliminan las becas del sistema público de I+D), con todos los derechos. Además, se crea un procedimiento de acceso al empleo público para ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores.

• Para responder al segundo reto se crea la Agencia Española de Investigación, que realizará una gestión más ágil, flexible, estable y eficiente, preservando los principios de evaluación y transparencia, y con los debidos controles de gestión.

• Para responder al tercer reto, se reforzarán las conexiones entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido empresarial. Se recoge la singularidad de la Joven Empresa Innovadora y se crea la Estrategia Estatal de Innovación, entre otras medidas. Además, se estimula la actividad innovadora a través del impulso de la compra pública innovadora, la cooperación territorial y la internacionalización de la actividad innovadora, y se fomenta la cooperación público-privada.

La Ley define, por último, un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación con las Comunidades Autónomas a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. Finalmente, la norma incluye aspectos vanguardistas, como la perspectiva de género, la cooperación al desarrollo, la divulgación a la sociedad del conocimiento científico y la introducción de la dimensión ética.