El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una nueva normativa que adapta la legislación al progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años. La ley, que sustituirá a la anterior ley de la ciencia de 1986, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales de España, con un volumen mucho mayor de investigadores –seis veces más que en 1986-, de fondos dedicados a la I+D+i –catorce veces más que en 1986- y con un país condicionado por dos nuevas realidades: el desarrollo de las autonomías y la adhesión a la UE.


El texto responde a cuatro grandes retos:

1.- El diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico. La ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. El texto aprobado hoy reconoce también específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

2.- Un sistema de I+D más eficiente y eficaz con la creación de una Agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

3.- La normativa también responde al necesario cambio de modelo productivo abordando diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo profundizando y complementando lo previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.

4.- Por último, la Ley establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, definiendo un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. Se trata así de maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.


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