«Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamiento deben hacer un ejercicio de responsabilidad y no penalizar a las empresas con problemas económicos puntuales que piden un aplazamiento de sus pagos a Hacienda, la Seguridad Social, el IBI u otras cargas administrativas, puesto que lo más importante es ayudar a las empresas que puedan ser viables y tengan capacidad de recuperación». Así se refería el presidente del Consejo General de los Colegios de Economistas de España, Valentí Pich durante la celebración del Foro Concursal de Profesionales, organizado por el Colegio de Economistas de Alicante.

Pich expresaba esta opinión en la rueda de prensa, tras la reunión de más de 250 expertos en Elche, para concretar sus propuestas de cara a la reforma de la Ley Concursal que estudia el Gobierno. Según los economistas dicha norma que estudia el Ministerio de Justicia, debe acortar los plazos judiciales de los concursos de acreedores, para que el deterioro de los activos de las empresas que se somenten a estos procedimientos judiciales sea mínimo.