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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, presentó el 13 de septiembre en Madrid los resultados del IV Barómetro Externo ‘La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española’, elaborado por Metroscopia. «Se trata», como puso de manifiesto Carlos Carnicer, «de un análisis de lo que la sociedad piensa de la Abogacía, de la Justicia y del Estado de Derecho».

Coincidiendo con la crisis económica, durante estos tres últimos años los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. 

No obstante, la Abogacía sigue gozando de esa confianza por parte de la ciudadanía, obteniendo una puntuación media de 6,9 en relación con el grado de satisfacción con los servicios recibidos de estos profesionales. Los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros colectivos jurídicos e instituciones como el Defensor del Pueblo. Además, en relación con la formación, un 85 por ciento de los españoles consideran que es necesario exigir una formación adicional para ser abogado, lo que significa un amplio apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos.

Según Carnicer, «del informe se desprende que estamos en un momento extraordinario para acometer la reforma de la Justicia a través de un Pacto de Estado que permita a cada sector aportar sus mejores ideas y poder dar respuesta a lo que plantean los ciudadanos, de quienes, constitucionalmente, emana la Justicia».

José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, resaltó la crítica evaluación que los ciudadanos hacen de la Justicia. A pesar de haber sido el año en que mayor presupuesto se ha destinado para la modernización de la Justicia, los datos del informe demuestran que la sociedad española considera que la Administración de Justicia funciona mal, es lenta y anticuada. Ocho de cada diez españoles piensan que la Administración de Justicia debe ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento como cualquier otro poder del Estado.

Por otro lado, los ciudadanos también emiten un severo juicio con respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  considerando, seis de cada diez españoles, que el CGPJ no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.

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>> Acceder al IV Barómetro Externo de la Abogacía (en formato PDF)