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El 7 de junio se celebró en Valladolid, en el marco del II Campus de Periodismo Francisco de Cossío, una mesa redonda titulada ‘El estatuto profesional y deontológico del periodista. La ética al rescate del oficio’, en la que se contó con la participación de Manuel Núñez Encabo, presidente del Consejo Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional (UP). La mesa redonda estuvo moderada por Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE.

Durante su intervención, Gonzalo Múzquiz habló sobre los antecedentes de la profesión incidiendo en el hecho de que cualquier profesión, cuando implica materias sensibles, tiene derechos y deberes como muestra su ubicación en el artículo 36 de la Constitución Española. En su opinión, «el periodismo responde al modelo colegial español, extrapolable al resto de Europa que se caracteriza, como ocurre en otras profesiones, por la independencia de criterio, la responsabilidad del profesional y el control por parte de una entidad imparcial e independiente.

El secretario de UP se refirió asimismo al concepto de deontología que, como explicó a los asistentes, es un conjunto de normas que fija el colegio profesional por su facultad de autorregulación y que deben responder a tipicidad (concreción de las conductas previstas), publicidad (que sean conocidas por todos) y legalidad (que estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico). Dichas normas no se deben confundir con otras que concurren en el ejercicio profesional como pueden ser las normas administrativo-laborales, penales o civiles, ni tampoco con la moral o conciencia profesional. Teniendo en cuenta este esquema, Múzquiz recalcó que el editor-empresario no puede cercenar en ningún caso la independencia de criterio del periodista, ya sea el empleador público o privado.

«La fórmula idónea para que la profesión esté regulada mínimamente», dijo Gonzalo Múzquiz, «es a través de la creación de un colegio a cuyas normas se sujeten todos aquellos que ejercen una profesión». El secretario de UP les animó a seguir adelante con su solicitud de creación del Colegio de Periodistas porque, recogiendo sus palabras, «el periodismo es una gran profesión». Además, según explicó, la prevista Ley de Servicios Profesionales (todavía pendiente de presentación de texto oficial alguno) no tiene por qué afectar a la creación de dicho Colegio autonómico ya que dicha ley tan solo se referirá a las obligaciones de colegiación y tras la última modificación de la Ley de Colegios Profesionales (a través de la Ley Ómnibus) los colegios autonómicos no pueden crearse con dicho requisito.

Por su parte, Manuel Núñez Encabo de la FAPE puso de manifiesto la necesidad de que se creen colegios profesionales de periodistas para la defensa de la profesión. Según el representante de la FAPE, «un estatuto profesional está justificado si existe una profesión, y no cabe duda de que existe el ejercicio profesional del periodismo, que es imprescindible para la vida democrática». La FAPE tiene asumido el Código Deontológico del Consejo de Europa.

Núñez Encabo habló también sobre dos derechos contenidos en el artículo 20 de la Constitución, como son la libertad de información y el derecho a la información objetiva y veraz de los receptores que aunque se encuentran vinculados, son distintos. Según comentó, en la medida que la información no es un producto, la empresa editora no es propiamente mercantil sino una empresa socioeconómica. Ni el periodista ni el empresario deben apropiarse de la información y, además, dicha información debe ser respetuosa con los derechos fundamentales de las personas, lo que la convierte en una profesión bastante «complicada» y susceptible de ser sometida a una autorregulación deontológica, es decir, a unas reglas de conducta profesional. En su opinión, las normas de la profesión tienen que tener un máximo de ética y un mínimo jurídico.

El II Campus de Periodismo Francisco de Cossío, celebrado en Valladolid del 6 al 10 de junio, fue organizado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.