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El pasado 27 de mayo el Hotel Miguel Ángel en Madrid acogió la celebración de una jornada que, bajo el título de Ley de Servicios Profesionales (y otros aspectos pendientes para los colegios profesionales tras la aprobación de la Ley Ómnibus), reunió a representes de las organizaciones colegiales para debatir sobre esta futura normativa. La jornada fue organizada por Unidad Editorial Conferencias y Formación y contó con la colaboración de Unión Profesional.

Luis Suárez, presidente de la Comisión de Formación de Unión Profesional y del Colegio Oficial de Geólogos, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y actuó como moderador de la jornada de mañana.

La apertura de honor corrió a cargo de Luis Martí Mingarro, presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid quien durante su intervención resaltó la importancia de las profesiones en el progreso de la sociedad a lo largo de los siglos. Martí Mingarro concluía que «las razones imperiosas de seguridad que condicionan la vida y el desarrollo de las profesiones no es un invento de las propias profesiones sino son una exigencia de la convivencia social».

Juan Gradolph, director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, pronunció la ponencia inaugural titulada La regulación de los servicios profesionales como instrumento de dinamización de la economía: la Ley de Servicios Profesionales. Gradolph explicó la esencia del proceso de modernización de la regulación económica que se está llevando a cabo por la Administración, como es el caso de la relativa al sector servicios, realizada a través de la transposición de la Directiva europea de Servicios. Según aclaró, «el objetivo no es una desregulación del sector servicios, que en muchos casos necesita estar regulado, sino a una mejor regulación que garantice el cumplimiento de los objetivos de la regulación económica». Asimismo, anunció que próximamente se iniciará la tramitación de la Ley de Servicios Profesionales que vendrá a actualizar la regulación actual de las actividades profesionales que, en su opinión, es «obsoleta, confusa y excesiva afectando, en algunos casos, a la competitividad». A parte de lo estipulado en la transposición de la Directiva de Servicios, el director general estima necesario avanzar en algunos temas que se dejan al margen como es el caso de las obligaciones de colegiación y las reservas de actividad, dos aspectos que serán abordados en la futura Ley de Servicios Profesionales y que serán reordenados según los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Todo ello con el fin de reforzar la protección de usuarios y consumidores e impulsar la modernización de los colegios profesionales.

A continuación, se desarrollaron diferentes mesas redondas donde se analizaron los efectos de esta futura normativa, las reformas pendientes derivadas de la Ley Ómnibus y las consecuencias de la nueva regulación del visado. Para ello, se contó con representantes de la Administración, del sector colegial y de las organizaciones de consumidores. Por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios, acudió Antonino Joya, director de Relaciones Institucionales, quien se refirió a los servicios de atención a los consumidores y usuarios de los colegios profesionales que incorpora la reforma de la Ley de Colegios Profesionales.

Durante su intervención, Juan José Rodríguez Sendín, vicepresidente de Unión Profesional y presidente del Consejo General de Médicos, habló sobre el modelo colegial, particularmente en la medicina, evidenciando situaciones que concluyen en la necesidad de la colegiación universal.

En este sentido, Máximo González Jurado, tesorero de Unión Profesional y presidente del Consejo General de Enfermería, enfocó su ponencia en torno a la regulación que ha traído consigo la transposición de la Directiva europea de Servicios, haciendo referencia a que todo profesional, según estipula dicha Directiva, debe estar sometido al código deontológico y la única manera de hacerlo es a través de la colegiación.

También se contó con la participación de Gonzalo Meneses, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España, quien se refirió a los nuevos títulos universitarios, a su diferente denominación y las competencias que otorgan, así como a las reservas de actividad.

En la última conferencia se abordó el tema de las consecuencias de la nueva regulación del visado de la mano de Edelmiro Rúa, vicepresidente de Unión Profesional y presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que repasó el proyecto de Real Decreto sobre visados y la memoria que lo acompaña, concluyendo en la manifiesta ausencia de visado, sobre todo en obra pública en donde, según manifestó Rúa, debe ser especialmente exigible ya que repercuten de forma patente en la seguridad.