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«Creo que seremos capaces de cumplir los objetivos de la transposición antes del 28 de diciembre». Así de convencido se mostraba el secretario general de Política Económica y Economía Internacional, Ángel Torres Torres, durante su intervención en la jornada Modernización de los colegios profesionales. Ese optimismo traía matizaciones y un reconocimiento. Si queremos llegar al 28 de diciembre con los deberes hechos habrá que «intensificar los esfuerzos», porque el proceso de transposición va a ser especialmente «complejo» en España «al imponer una obligación de resultados y afectar a todas las administraciones de nuestro país».

La jornada, organizada por Unidad Editorial ayer, reunió al sector de los colegios profesionales en torno a alguno de los temas-eje del año que arranca: transposición de la directiva de servicios, competencia y servicios profesionales o adecuación al proceso de Bolonia, entre otros.
El presidente de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, fue el encargado de abrir la sesión y aprovechó su oportunidad para reclamar una participación de los colegios profesionales en todo el impulso modernizador anunciado por el Gobierno para el sector. «Esta modernización necesita de nuestra participación porque nadie conoce mejor que nosotros cuáles son nuestras carencias y necesidades de mejora y actualización». Para Carnicer ese impulso, «en cuya faena llevamos mucho tiempo», será positivo si tiene como horizonte inmediato al cliente y/o paciente. Esa tesis fue compartida y repetida por todos los participantes en sus distintas exposiciones.

Calendario político y transposición
Ángel Torres Torres reiteró la idea de que la transposición de la directiva de Servicios será un punto de partida, pero que el Gobierno está dispuesto a aprovecharla «para acometer reformas adicionales en paralelo», como la ley ómnibus o la futura ley de servicios profesionales a la que hace mención el planE.

El retraso del texto de transposición fue justificado por Torres en tanto que previamente a su aprobación en el consejo de ministros habrá de pasar el filtro del Consejo de Estado. En corrillos se comentaba también que la negociación de la financiación con las autonomías y la proximidad de las elecciones gallega y vasca podrían estar afectando a los tempos previstos.

Torres Torres describió tres líneas de trabajo básicas para los colegios profesionales: adaptación de la normativa colegial a la filosofía de la directiva (antes de julio del 2009); ventanilla única (antes del 2010) y cooperación administrativa. Al respecto, Luis Suárez, presidente del Colegio Oficial de Geólogos y de la Comisión de Formación de Unión Profesional, instó al Ministerio de Justicia a que abra el acceso a la base de datos SIENA de forma que los colegios puedan opinar sobre la adecuación a la directiva de la normativa sectorial y no únicamente de la normativa colegial.

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) retomó protagonismo de la mano de Luis Berenguer, presidente de la Comisión, quien hice un recorrido por el informe publicado en septiembre del 2008. Berenguer insistió en que, si bien «la regulación es necesaria, esta ha de ser buena y en nuestro país es excesiva». Definió como barrera de entrada a la libre competencia la reserva de actividad, la colegiación obligatoria, el visado y la cuota colegial. En este sentido, Rafael del Rosal, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Madrid, advirtió que «las propuestas de la CNC atentan contra el modelo de colegio profesional que conocemos” justamente por esa enumeración y equiparación de barreras de entrada. No se puede poner al mismo nivel honorarios orientativos que colegiación obligatoria y justificarlo en el hecho de que son «barrera de entrada». «El derecho es una barrera de entrada y las instituciones públicas también lo son, pero ese no es su principal rasgo», defendió.

La jornada contó con la colaboración de Unión Profesional, la Unión Interprofesional de Madrid, el Consejo General de la Abogacía. Estuvo moderada por el secretario General del Consejo General de la Abogacía, Joaquín García-Romanillos. Como publicación colaboradora contó con la ANP, agencia de noticias profesionales.

Más información en el número 117 de la revista Profesiones.