Difundimos la entrevista realizada a Vicente Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), a propósito de la Ley Ómnibus y otros temas de actualidad colegial.


- ¿En qué situación quedan los colegios profesionales ante esta modificación de la ley?

- Cabría hablar sobre todo, de incertidumbre. Particularmente en los servicios de ingeniería, que directamente y de un modo esencial influyen en la seguridad de las personas y bienes, mantener esta incertidumbre es aproximarse al caos y a la desorganización. La situación funcional que se plantea ahora es la de esperar la Ley que tiene que publicarse en el plazo de un año. Pero, desde luego, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Haremos saber al Gobierno nuestra firme oposición a eliminar esa herramienta garantista para el ciudadano que es la colegiación obligatoria y, por ende, el control adecuado de los profesionales de la ingeniería.


- ¿Salen perjudicados los ciudadanos con esta reforma?

- Absolutamente. Hay preguntas que cabe hacerse: ¿alguien garantizará al ciudadano que el ingeniero al que le encargue un trabajo está capacitado para hacerlo, que tendrá la titulación adecuada que garantiza sus conocimientos, que le ampara un seguro de responsabilidad civil, que no está sancionado por mala práctica profesional?. Los perjuicios para el ciudadano son enormes: falta de garantías de profesionalidad, falta de control de la actividad, mayores costes, mayores riesgos económicos y personales, etc.


- Un Proyecto de Ley determinará las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, ¿qué debe primar a la hora de decidir los casos en los cuales será obligatoria?

- Según la Ley 25/2009 la reserva de colegiación se establece respecto a aquellas actividades cuya falta de control adecuado supongan un riesgo para las personas. Así de escueto y, por tanto, interpretable en gran medida. Si nos basamos en este criterio, la actividad de ingeniería del ámbito industrial
precisa, sin más, colegiación obligatoria, por ser  una actividad basada en la aplicación de medidas de seguridad en sectores tan vitales como hospitales, hoteles, industrias en general, etc.


- En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establecerá qué visados seguirán siendo obligatorios y qué otros dependerán de la voluntad del cliente ¿Está en peligro el actual sistema de garantía de los trabajos técnicos, a través del visado, para la ciudadanía?

- Naturalmente. No existe medio más eficaz, más proporcionado y de menor coste que la supervisión documental que hacen los colegios profesionales de ingeniería. Esta supervisión documental – el visado – ofrece las garantías expresas al ciudadano que he mencionado anteriormente.


- ¿Qué se está haciendo desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales para evitar que los ciudadanos queden desprotegidos, en el caso de que el visado deje de ser obligatorio en el ámbito de la Ingeniería Técnica Industrial?

- El Consejo General tiene previsto establecer un procedimiento concreto para este “visado de calidad” y acreditarlo oficialmente para aquellos colegios que voluntariamente quieran asumirlo. La creación de un visado de acreditación a nivel general garantizará al usuario de los servicios de los ingenieros técnicos la idoneidad del proyecto en todos sus aspectos, esencialmente en los relativos a la seguridad, incluyendo la dirección de obra. Dicho visado acreditativo siempre será a un coste sensiblemente menor que el que pueda proporcionar cualquier entidad con ánimo de lucro.


- La denominada “Ley Paraguas” reconoce que los colegios profesionales son “autoridades competentes” e imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única, la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos, ¿cómo afectarán estos nuevos servicios a los colegios profesionales?

- Lo paradójico es que se asignen funciones de control de la profesión a los colegios y que, sin embargo, el control esencial de la seguridad que se deriva de la actuación de los profesionales sea objeto de dudas e incertidumbres. El Consejo General asiste a las reuniones periódicas que convoca el Ministerio de Economía y Hacienda para coordinar el sistema. El propio Ministerio ha creado una “web” de información, a través de la cual ya se da información sobre los trámites a seguir para ejercer la actividad de ingeniero técnico industrial. Esto debe complementarse con la implantación de la tramitación telemática en los colegios y el Consejo General, sobre lo que estamos trabajando.