El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 30 de julio, un Real Decreto de racionalización del uso del visado colegial obligatorio, donde se prevé que sea obligatorio solo en determinados casos en los que se considera un instrumento útil de apoyo a la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones de control a priori, al proceder a la revisión documental y comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable a cada trabajo profesional.

En el Real Decreto se establecen solo nueve trabajos profesionales objeto de visado obligatorio por los colegios. Estos nueve trabajos tienen que ver con:

• Edificación. Se someten a visado obligatorio los proyectos de ejecución de edificación y sus certificados finales de obra, incluso cuando se presenten para legalización de edificaciones ya realizadas. También habrá visado para los proyectos de demolición.
• Minería y explosivos. Se requiere visado obligatorio para proyectos de apertura de explotaciones mineras y de voladuras, así como para los proyectos de fábricas y depósitos de explosivos y pirotécnica y cartuchería.

Para estos casos, se ha considerado necesario el visado por tratarse de trabajos profesionales cuya realización afecta de forma directa a la seguridad e integridad física de las personas. Además, en estos casos se estima que el visado es el instrumento de control más proporcionado por resultar el menos restrictivo de la actividad económica de entre otras alternativas posibles.

El resto de trabajos profesionales que han sido analizados, y sobre los que se ha concluido que debía primar la libertad de elección del cliente y no exigir el visado obligatorio, sino voluntario, son casos en los que, según el Gobierno, no concurren simultáneamente los principios de necesidad y proporcionalidad.

Para los casos en que el visado no sea obligatorio, los clientes podrán solicitar voluntariamente el visado del Colegio. 

Asimismo, los Colegios podrán ofrecer a sus colegiados y a consumidores y usuarios servicios de asistencia técnica con mayor valor añadido. El Gobierno ha dejado claro que la reforma no interfiere en la libertad organizativa de los Colegios para ofertar otros servicios voluntarios que los consumidores puedan decidir contratar atendiendo a la utilidad que les reporte.