Con el fin de determinar los principios y normas que deben respetar tanto el decano como el resto de miembros de la Junta de Gobierno, presidentes de las Secciones y cualquier órgano representativo, el Colegio de Abogados de Valencia aprobaba recientemente el Código de Buen Gobierno Corporativo, que establece un nuevo marco de obligaciones e incompatibilidades a tener en cuenta en la toma de decisiones del equipo de gobierno.

Según se recoge en el nuevo Código, todos los miembros de la Junta de Gobierno deberán comportarse con la debida transparencia y tendrán derecho a que se les proporcione información puntual y veraz sobre la situación del Colegio, incluyendo aspectos económicos y financieros.

Asimismo, deberán actuar con total autonomía en la adopción de sus decisiones sin solicitar, recibir ni aceptar instrucciones, opiniones o sugerencias de nadie. El decano y el resto del equipo de gobierno evitarán vincular las opiniones y actuaciones del Colegio a las suyas propias en colaboraciones científicas o académicas; en charlas o conferencias; en reuniones con clientes o compañeros de profesión y en intervenciones en juicios. En caso de conflictos de intereses se deberá actuar siempre en defensa del interés general del Colegio y de la profesión.

El decano, Mariano Durán, expresaba de esta manera su satisfacción por la aprobación de dicho Código: «Sin abogados libres e independientes no hay sociedades justas. El Colegio de Abogados de Valencia debe ser un ejemplo en tiempos en que las instituciones deben dotarse de códigos de buenas prácticas, de manera que nuestro comportamiento siempre redunde en beneficio de la dignidad profesional y la buena imagen de la profesión». Durán añade: «Si para el colegiado puede ser suficiente cumplir con las disposiciones deontológicas previstas en el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico de la Abogacía Española, de obligado cumplimiento para todos los abogados, los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia deben actuar con especial transparencia en el ejercicio de sus funciones colegiales».