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Esta y otras declaraciones fueron realizadas por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de Unión Profesional (UP), durante su participación el 13 de abril en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad celebrado en el Hotel Ritz de Madrid.

Carnicer fue presentado por Miquel Roca, presidente de la Fundación Abertis y ponente de la Constitución Española, quien se refirió a Carnicer como «el referente más claro e inequívoco del ejercicio profesional en España».

Durante su intervención, Carnicer se refirió a la situación de las profesiones colegiadas en nuestro país y recordar que «no hace demasiado tiempo que 40 Consejos Generales y Superiores y Colegios nacionales, representantes de profesiones jurídicas, sanitarias, técnicas, sociales, económicas y científicas, unidos en una asociación civil denominada Unión Profesional, hemos comenzado a promover la dignificación de nuestras instituciones y de las profesiones a las que representan». El presidente de UP estima que la transformación más importante de los 40 miembros de Unión Profesional «se está produciendo ahora, con ocasión de la transposición a nuestro derecho interno de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior».

La reciente aprobación de las denominadas Ley Paraguas y Ley Ómnibus, junto con la futura Ley de Servicios Profesionales, «representan para los colegios profesionales nuevos retos y funciones, especialmente para garantizar la prestación de los adecuados servicios a consumidores y usuarios», señaló Carnicer. De entre las modificaciones derivadas de estas leyes destacó las relativas a la financiación de los colegios, la obligatoriedad de la colegiación y  la exigibilidad de los visados. A su juicio, «si se destruye la financiación de los colegios, el Estado deberá, desde luego, atender al menos los gastos generados por el ejercicio de las funciones públicas y de servicio público que ya venían desempeñando y de las nuevas que les encomienda». Respecto a que los visados sean exigibles o no, Carnicer hizo especial hincapié en el alcance de la reforma ya que «no solo estamos hablando de un problema económico de financiación de los colegios, que lo es, o un problema de desempleo de los trabajadores que se dedican a ello, sino también, sobre todo, un problema de seguridad y de responsabilidad».

El presidente del CGAE repasó la situación de la Abogacía española y su relevancia en el ámbito internacional. «Nuestros mejores despachos se codean en igualdad con muchos de los mejores del mundo», destacó Carnicer. «Abogados españoles –continúo el presidente– presiden hoy o lo han hecho recientemente las más importantes organizaciones de la Abogacía internacional», como es el caso de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) o el Consejo de la Abogacía Europeo (CCBE).

Entre las preocupaciones de la Abogacía en la actualidad se encuentra el Turno de Oficio en el que, como comentó Carnicer, «atendemos anualmente a más de un millón de personas con un alto grado de satisfacción de los usuarios y un bajísimo índice de quejas». A través del Observatorio de Justicia Gratuita, el CGAE ha desmontado tópicos sobre el abogado de oficio como su inexperiencia, su falta de preparación o su independencia.

El presidente de la Abogacía informó sobre el convenio suscrito hace unos meses con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que permitirá, entre otros acuerdos, que la Abogacía intervenga en nombramientos de la judicatura, así como programas de formación conjunta para jueces y abogados. Lo importante es el derecho de defensa que es lo que tutela el sistema y, como expuso Carnicer, debería haber una formación con idénticos parámetros para abogados, jueces y fiscales.

Durante el coloquio posterior, y en respuesta al impacto de la Ley Ómnibus en el colectivo de la abogacía, Carnicer se mostró tajante: «No se puede defender a los profesionales sin defender a los consumidores y usuarios, y al contrario», porque en el caso de la Abogacía «está claro que sin clientes no hay abogados».