El acto profesional frente al discurso liberalizador

Apuntes económicos en relación a argumentarios neoliberales 

 

The Economist publicaba recientemente en la sección Leaders el artículo America should get rid of oppressive job licensing, con el antetítulo Licence to kill competition, suficientemente gráfico y directo. Su argumentario se sitúa en EE.UU. donde describe a sus mercados laborales como excesivamente regulados pues refiere que el 22% de los trabajadores requieren licencias frente al 5% que las necesitaban en 1950. Dentro de las actividades menciona a los médicos, dentistas y abogados, acusados especialmente de beneficiarse con mayores ganancias de su regulación «que impide a los competidores menos cualificados proporcionar incluso servicios básicos» y que, por supuesto, esta falta de competencia «es un impuesto para todos los demás». A la vista de ello, es interesante realizar una serie de consideraciones al respecto si extrapolamos esta filosofía al ámbito nacional y europeo.

«Emitir recetas o redactar documentos legales» también son actos profesionales 
En uno de los pasajes, defiende que «las tareas como emitir recetas o redactar documentos legales rutinarios, rara vez requieren años de costosa educación de posgrado. Incluso pueden ser mejor hechos por un especialista que tiene menos cualificación formal». Una concepción que choca frontalmente con la esencia de profesión colegiada basada en el acto profesional. Esto es, aquel que comprende el control deontológico y disciplinario, la independencia de criterio o autonomía facultativa, y la responsabilidad.
Emitir una receta o redactar un documento legal, por sencillo que pueda parecer, no son meras compraventas de servicios sino prestaciones bajo el esquema de acto profesional, como otras tantas realizadas por las profesiones colegiadas, que afectan singularmente a los derechos fundamentales de las personas y que, en caso, de mala praxis debido a un menor control del ejercicio o no tener la formación adecuada pueden tener consecuencias no deseables o irreparables.
También sugiere que los profesionales de la enfermería podrían operar en atención primaria al mismo nivel que los de medicina, pero que, si esto no ocurre es debido a las restricciones que existen en EE.UU. y que favorecen «el privilegio» de estos últimos. Una interpretación cuanto menos discutible pues, sin entrar en otros matices, la articulación del acto profesional de la medicina y la enfermería es diferente, y, en todo caso, ambos son necesarios tanto de manera individual como complementaria.

Los colegios profesionales no pueden abrir la puerta al intrusismo 
El artículo admite cuando los compradores no pueden valorar la calidad que «es posible» que el Estado intervenga a través de las colegios profesionales con la autorregulación de las profesiones. Sin embargo, arguye que los colegios son los que deciden las «prácticas legales» y tienden a excluir a aquellos que no son de la profesión al poner el ejemplo de los colegios de abogados.
De nuevo, una afirmación que se da de bruces con la naturaleza de las profesiones colegiadas al dar a entender que los colegios profesionales en lugar de perseguir el intrusismo en sus profesiones, debían, sino desaparecer, ampliar su marco de cobertura a aquellos que realizan determinados servicios de forma supuestamente satisfactoria sin ser de la profesión. Un camino que irremediablemente acabaría por dañar la confianza de la sociedad en los buenos profesionales, afectaría de forma negativa a la competitividad de la economía y, sobre todo, al bienestar de las personas, fin último de las profesiones colegiadas. Solo entonces, esta situación sí sería más que un impuesto que una sociedad no debiera admitir.

La elección de un profesional no puede basarse en webs comparativas de precios 
El texto continúa al apuntar que existen mejores formas de ayudar y proteger a los consumidores al sugerir fórmulas como la denominación de títulos expedidos por el gobierno, que según el semanal inglés serían por sí mismas una señal de mercado suficiente como se desprende. También la realización de inspecciones en detrimento de las licencias para mostrar a los clientes la buena labor realizada, un ejemplo claro de control ex post que en las prestaciones profesionales no es adecuado por las graves implicaciones que puede conllevar un mal ejercicio. Y concluye que «las fuerzas del mercado a menudo son las mejores de todas, a pesar de las asimetrías de información», para sostener que las personas tomarían mejores decisiones «en un mundo de revisiones en línea y sitios webs de comparación de precios».
Razonamientos que encajan con el proceder de otros mercados de bienes y servicios, pero no responden al esquema que caracterizan las necesidades y información que precisan los usuarios de servicios profesionales cuando demandan servicios profesionales para solucionar su problemática, donde el factor precio no es el más relevante en comparación con factores reputacionales y de observación del control deontológico del ejercicio de los profesionales por las organizaciones colegiales.
Plantear este tipo de cuestiones en determinados foros también implica no conocer o ponderar el desempeño de las funciones públicas atribuidas por el Estado que realizan las organizaciones colegiales como el método más eficiente y adecuado para la protección ex ante del interés público a través del instrumento de colegiación que da lugar al control deontológico con potestad disciplinaria de los profesionales.

Comprender los aspectos singulares de los servicios profesionales 
En definitiva, comprender que el subsector de prestaciones profesionales presenta una serie de especificidades en su actividad y comportamiento tanto desde del lado de la oferta en relación a los profesionales como desde la demanda al hablar de clientes y pacientes se antoja fundamental y hace necesario un análisis más pormenorizado. De otro modo, la aproximación que se realice tenderá a ser generalista y, como en muchas ocasiones, se traducirá en un diagnóstico no ajustado sobre el desempeño de este subsector protagonizado por las profesiones colegiadas.
Por ende, si el tratamiento indicado es una liberalización centrada en un control deontológico y disciplinario menos efectivo y de menor alcance, ello distorsionaría la confianza entre los agentes socioeconómicos pues las expectativas sobre la calidad media esperada de los servicios profesionales se reducirían y los riesgos asociados a esta situación se incrementarían.

Este artículo fue previamente publicado en el blog económico de Unión Profesional, Carlyle no tenía razón.

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